Empresario amenaza con desalojar a más de 700 estudiantes del Centro Escolar 1° de Mayo en Puebla
El Centro Escolar 1° de Mayo, ubicado al norte de Puebla, enfrenta una amenaza de desalojo que afecta a más de 700 estudiantes. El empresario Alejo González Canteli ha obtenido una orden judicial para apropiarse del terreno donde operan cuatro instituciones educativas: la Primaria «José María Velasco» con 300 alumnos, el Preescolar «Gregorio de Gante» con 150, la Secundaria con 150 y la Preparatoria con 200 estudiantes.
Desde hace 12 años, González Canteli, propietario de varias gasolineras en el país, ha mantenido una disputa legal contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) con el objetivo de adjudicarse el predio para fines comerciales. Aunque anteriormente no había tenido éxito, este año se emitió una orden de desalojo que pone en riesgo el derecho a la educación de cientos de estudiantes.
Las instituciones afectadas cuentan con registro oficial, incluyendo el bachillerato que recibió su clave hace cinco años. Ante la situación, la comunidad educativa solicita al Gobierno del estado y al Ayuntamiento de Puebla que intervengan para regularizar el terreno y asignarlo a la SEP, garantizando así la continuidad de las clases. Padres de familia, alumnos y docentes exigen que las autoridades competentes compren o expropien el predio en disputa, preservando espacios fundamentales como el auditorio y la unidad deportiva.
Erika García Castro, directora de la Primaria «José María Velasco», hizo un llamado enérgico a las autoridades: «El presidente municipal, Pepe Chedraui, debe intervenir y evitar que un empresario con mucho dinero le arrebate a los niños su derecho a la educación quitándoles sus escuelas. Maestros, estudiantes y padres de familia estaremos presentes para defender nuestras instalaciones y evitar el desalojo.»
La comunidad del Centro Escolar 1° de Mayo continúa exigiendo a las autoridades municipales y estatales que tomen medidas para proteger el derecho de los estudiantes a una educación digna y de calidad.
