Ignacio Mier utilizó fondos del Ayuntamiento de Tecamachalco con fines electorales.
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido remitir el caso a la Contraloría municipal de Tecamachalco para que realice una revisión exhaustiva de los gastos relacionados con el diputado federal de Morena, Ignacio Mier Bañuelos. Este procedimiento se originó debido a la denuncia de que Mier Bañuelos utilizó indebidamente recursos públicos del Ayuntamiento para fines electorales.
Al abordar el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-562/2024, promovido por el Partido Acción Nacional (PAN), el Pleno del TEPJF concluyó, por mayoría de votos, que el exalcalde, quien ocupó el cargo hasta marzo de este año, incurrió en el uso inapropiado de recursos durante la difusión de su segundo informe de labores. La Sala determinó que Mier Bañuelos y las concesionarias encargadas de transmitir los promocionales vulneraron las normas establecidas para la difusión de informes, al no tomar las acciones necesarias que limitaran el alcance de dicha transmisión fuera de los límites geográficos correspondientes.
La Sala Especializada también concluyó que el exalcalde utilizó recursos económicos del Ayuntamiento para llevar a cabo una infracción electoral. Estas irregularidades fueron calificadas como graves ordinarias, lo que llevó a la imposición de una multa a las concesionarias involucradas. Además, se decidió dar vista a la Contraloría municipal de Tecamachalco para que lleve a cabo una revisión minuciosa de lo que se gastó durante este periodo por parte de Mier Bañuelos.
En una nota destacada, la Sala exoneró al actual diputado federal de la acusación de haber adquirido indebidamente tiempos de radio y televisión para promoción personalizada. Se aclaró que el contenido denunciado por el PAN se refería a promocionales que estaban vinculados exclusivamente con su informe de actividades, lo que desestimó la acusación de uso indebido de los tiempos de comunicación.
Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos en el contexto electoral, así como el papel de las autoridades para garantizar que se cumplan las normativas establecidas y se mantenga la integridad del proceso democrático en la región. La decisión de la Sala Especializada también señala un llamado a los funcionarios públicos para que actúen dentro del marco legal y eviten caer en prácticas que puedan comprometer la confianza de la ciudadanía.
