Gobierno de Puebla paga al SAT 2 mil 700 millones por error de Moreno Valle
Daniel Cruz Cortés | El Sol de Puebla
A los contribuyentes poblanos les costó 2 mil 700 millones de pesos una deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), generada a partir de una irresponsabilidad financiera cometida durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, dio a conocer el actual mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
En conferencia de prensa desde Casa Aguayo, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Teresa Castro Corro, reveló este martes que el pasado 5 de abril se pagaron 2 mil 700 millones de pesos al SAT, esto a consecuencia de un litigio que empezó el gobierno de Moreno Valle Rosas.
Detalló que el conflicto tuvo su origen en 2015, cuando la administración estatal contrató una consultoría denominada Sistemas LAC. Dicha empresa recomendó solicitar al SAT una devolución de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 y 2010.
Producto de ese análisis, se determinó que las arcas estatales podrían recibir hasta 702 millones de pesos por ese concepto. Por esta resolución, la administración de Moreno Valle Rosas inclusive le otorgó un bono a la empresa que llevó a cabo la corrida financiera.
No obstante, en 2018, durante el gobierno de José Antonio Gali Fayad, el SAT denunció que la devolución de impuestos determinada por Sistemas LAC fue incorrecta, debido a que el gobierno estatal se basó en una disposición que todavía no estaba vigente en el estado para entonces.
De esta manera, la autoridad fiscal comenzó un litigio contra el Estado poblano, y permaneció vigente hasta 2023. Durante estos años, la deuda fiscal del gobierno ascendió a 2 mil 700 millones de pesos, de los poco más de 700 millones que inicialmente tenían que pagarse. Es decir, el erario estatal entregó 286 por ciento más dinero de lo previsto en un inicio.
Según determinó Castro Corro, la decisión de terminar con el litigio y liquidar lo adeudado se dio a partir de que el proceso en tribunales era inviable para el Estado poblano, debido a que la inconformidad del SAT estaba debidamente fundada.
Aunado a ello, expuso que el incumplimiento de obligaciones fiscales representa incluso responsabilidades penales para el gobierno estatal, por lo que lo más viable fue liquidar dicha obligación financiera.
En ese momento, el responsable de la SPF, y de suscribir el acuerdo con la consultoría, fue Roberto Moya Clemente, actual senador de la República en sustitución de Moreno Valle Rosas, quien falleció en diciembre de 2018.
Por su parte, el gobernador Céspedes Peregrina confirmó que este pago generará problemas para las finanzas públicas, sin embargo, hizo hincapié en que los proyectos ya etiquetados en la Ley de Egresos de 2023 quedaron intactos, por lo que su ejecución será procedente.
No obstante, indicó que su administración buscará el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para buscar otras fuentes de financiamiento, y señaló que el estado entrará en una nueva fase de austeridad.
El mandatario también aclaró que habrá consecuencias ministeriales para quienes resulten responsables de haber cometido dicha irresponsabilidad financiera, que eventualmente finalizó en una excesiva presión de gasto para el estado.
Hay que recordar que la Ley de Egresos para el presente año determinó un tope de gasto de casi 120 mil pesos. De esta manera, la deuda generada por el Estado poblano a partir de 2015 es equivalente al 2.25 por ciento del presupuesto para 2023.
Gobierno de Barbosa invirtió en un banco que se fue a bancarrota
En otro orden de ideas, la secretaria Castro Corro confirmó que, durante la gestión del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, alrededor de 600 millones de pesos de los contribuyentes fueron invertidos en una institución financiera denominada Banco Accendo.
No obstante, dicha institución quebró en 2021 y el gobierno de Puebla no ha recibido un sólo peso de lo invertido.
Castro Corro fundamentó que el estado decidió entregar esa cantidad de recursos a dicho banco, debido a que este ofrecía entonces las tasas de rendimiento más atractivas del mercado.
Ante esa realidad, la funcionaria detalló que, como parte del proceso de bancarrota, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó litigar todos los bienes de Banco Accendo, esto con la finalidad de cubrir sus adeudos correspondientes.
No obstante, dejó entrever que no existe fecha ni garantía de que las arcas estatales recibirán todo el capital invertido entonces, debido a que la repartición de recursos será entre los demás acreedores de la extinta institución bancaria.
Finalmente, y respecto a este asunto, el mandatario Céspedes Peregrina hizo hincapié en que Banco Accendo se encontraba registrado ante la CNBV al momento de que el gobierno de Barbosa Huerta decidió invertir en él. No obstante, aclaró que la extinción de esa institución representa una afectación para el estado, debido a que todavía no cuenta con los 600 millones de pesos entregados en ese momento.
